No hay mejor ejemplo del principio del monopolio del Estado sobre el uso de la fuerza y la violencia, que lo que ha ocurrido en el Parlamento andaluz. La aprobación, en plena sequía de la tramitación de la ley que amplía las zonas agrícolas regables en Doñana, sin saber de dónde va a salir el agua, no puede calificarse de otra manera más que de acto de fuerza y violencia ecológica. De sentencia de muerte para el reo.
La legitimidad del poder de la Junta de Andalucía con este acto queda, como poco, en entredicho, ya que la ley se aprueba en contra del criterio científico y jurídico. No en beneficio del bien común. Al contrario, la futura ley va a ser una amnistía para los riegos ilegales y un puñetazo en toda la cara para los agricultores que cumplían con la ley. Y su tramitación un acto de fuerza y violencia ecológica. Pan para hoy y hambre, subsidios y migración cuando se acabe el agua.
Con la admisión a trámite de esta proposición de la ley, la derecha y la ultraderecha, PP y Vox, muestran que el único criterio que guía su concepción de la actividad económica es el de exprimir hasta la última gota los recursos: ya se trate de agua, tierra, minerales, petróleo… Da lo mismo. Pura violencia ecológica. Como acertadamente ha dicho algún medio: con Doñana «Vox pone el discurso, el PP la ley».
Ley con la que quienes ganan son las grandes empresas. Que podrán presionar a los productores, ya que después vendrá otra amnistía. Pero los que no van a ganar, ni de lejos, son los agricultores que están cada vez más arruinados. Ni los consumidores españoles que pagamos las fresas mucho más caras que los alemanes en su país.
El Gobierno del estado debe evitar que esta ruptura del Estado de Derecho se consolide y utilizar, sin dilación, todos los recursos políticos y jurídicos, que los hay. Y para para mayor seguridad también existen precedentes judiciales. Y cuenta el estado, incluso, con la posibilidad de declarar el estado de emergencia en el parque, para evitar el declive ecológico de Doñana.
La ley que se quiere aprobar es inviable e insostenible ecológica, económica y socialmente. Y jurídicamente ilegal. El futuro de Doñana ni de los habitantes de la comarca no puede ser borrado de esta manera. Esperemos que el Gobierno actúe en este asunto con más eficacia que respecto al calentamiento global.
Francisco Soler
Co-Portavoz
Cambia-Partido del Clima
